603 palabras
Nueva York, 21 OCT. (COLPISA, Mercedes Gallego, corresponsal).

El camino para cerrar Guantánamo es largo y escarpado, pero hoy tiene un peldaño menos. El Senado de EEUU ha aceptado que los indeseados de esa prisión pongan el pie en suelo estadounidense para ser juzgados civil o militarmente.

No es mucho, porque eso no les garantiza el derecho a un tribunal civil ni a permanecer en el país una vez que se resuelva su caso, ya sea en prisión o en libertad, pero permitirá a Barack Obama aclarar el futuro legal de una buena parte de los 220 presos que aún quedan en Guantánamo.

El resto del mundo le está ayudando con cuentagotas a acoger a los exonerados que no pueden regresar a su país de origen por miedo a ser torturados –España, donde Zapatero es fan declarado de Obama, aún estudia aceptar a “dos o tres”.

Y mientras, los inocentes se desesperan. Hoy les llegó también un rayo de luz cuando el Tribunal Supremo de EEUU aceptó estudiar la petición de 13 chinos de la región musulmana Uighur, al oeste de del país, que demandan ser puestos en libertad en territorio estadounidense. La propia comisión militar ha determinado que no suponen ningún riesgo para la sociedad, por lo que un juez federal ordenó en octubre del año pasado que fueran liberados bajo la custodia de sus captores estadounidenses. Decisión que fue anulada por un tribunal de apelaciones y que estudiará ahora el Supremo.

Los tribunales estadounidenses han accedido a la petición de habeas corpus de 30 prisioneros, de los cuales diez han sido transferidos a otros países –nueve bajo el gobierno de Obama- pero ninguno ha puesto pie en EEUU.

El caso de los uighur es particularmente crítico. La fiscalía estadounidense clama que son libres de irse cuando quieran si encuentran un país que los acepte. Entre tanto viven en un área de la prisión militar con menos restricciones que el resto de la población carcelaria. Cuatro han encontrado asilo en Bermudas, pese a la feroz oposición del Reunido Unido, y Palau parece dispuesto a aceptar a la mayoría del resto, pero al menos uno no tiene dónde ir.



Garantías



Para conseguir que el Senado pasara la ley que permitirá juzgarlos en EEUU ha habido que ofrecer a los senadores muchas garantías y hasta ponerles trampas. Así por ejemplo, el gobierno tendrá que elaborar un plan antes de iniciar los traslados, informar de los mismos con quince días de antelación y certificar que no representan ningún riesgo para la seguridad.

Para torcer el brazo de los más duros se ha incluido esta ley en una que libera fondos para la seguridad nacional, con lo que quien se opusiera quedado muy mal con sus constituyentes. Gracias a eso 79 senadores han dado luz verde a la ley, frente a los 19 que se han opuesto acérrimamente. Una batalla que ha sido relativamente fácil en comparación a la de la Cámara Baja, donde los republicanos promovieron una resolución para bloquear el traslado de prisioneros a EEUU por cualquier causa.

Faltan menos de tres meses para que se cumpla el plazo de un año que fijó Obama el pasado 22 de enero para cerrar Guantánamo. Fue una de sus primeras medidas en la Casa Blanca, antes de saber que era más complejo de lo que parecía, como él mismo ha admitido. Quizás por eso el portavoz Robert Gibbs ha preferido rebajar las expectativas al decir el mes pasado que “no nos concentramos en cumplir una fecha concreta sino en cerrar la prisión y hacer de aquí al 22 de enero todos los progresos que sean posibles”.